Comisiones de Trabajo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
MESAS DIRECTIVAS. COMISIONES DE LA RED CPC._OCT 2021
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (2003-2009), con estudios en gobierno abierto, políticas públicas, igualdad de género y estudiante del posgrado integral en ciencias sociales.
Se ha desempeñado en cargos públicos, privados y sociales en el que se destaca la Secretaría de la Contraloría General, como Inspector Ciudadano, la Secretaría de Hacienda como Jefe de Departamento en la Dirección de planeación y estadística, seguimiento en auditorías federales y estatales. En, el Instituto Sonorense de las Mujeres colaboró como secretario técnico y responsable de las áreas de planeación, institucionalización y transversalización de la perspectiva de género.
Coordinó el Laboratorio de Innovación para el Gobierno Abierto en Sonora y presidió la Comisión de Vinculación de las Organizaciones de la sociedad Civil de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 2020-2021. actuamente lcolabora con diversas Organizaciones de Sociedad Civil en la elaboración de propuestas de políticas públicas, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, Derechos Humanos e Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Universidad Anáhuac.
Doctorado en Administración Pública (En curso).
Secretaría de Educación Pública.
Maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas (Titulada).
Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialidad en Derecho Familiar (Titulada).
Universidad Nacional Autónoma de México.
Licenciatura en Derecho (Titulada).
CERTIFICACIONES
Certificado de competencia laboral en el estándar de competencia: Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, CONOCER.
Preparación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales:
Preparación en materia notarial en el Colegio de Notarios del Estado de México:
En la trayectoria laboral se ha desempeñado como: Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
Asesora de la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México.
Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Administración de la ecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
Jefe de Departamento de Patrimonio y Arrendamiento de la Subdirección de Operación y Control de Arrendamientos y Seguros de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación.
Jefe de Departamento de Licitaciones de la Subtesorería de Control y Procedimiento Adquisitivo del H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos.
Jefe de Departamento de Patrimonio y Arrendamiento de la Subdirección de Operación y Control de Arrendamientos y Seguros de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación.
Profesional Ejecutivo de la Subdirección de Normatividad de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación.
Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Maestra en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursante de la Mestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en FLACSO, Argentina.
Certificada en Planeación con Marco Lógico, por ILPES-CEPAL, Chile.
Consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres.
Consejera Consultiva del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
Presidenta de la Comisión de Género de la Red Nacional de CPC.
Con experiencia en puestos de dirección en Gobierno Federal y en Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de incidencia política y asesoría en diseño, gestión y evaluación de políticas públicas para la defensa de los derechos de las mujeres, metodologías de investigación, planeación y gestión de proyectos para el desarrollo.
Consultora independiente en políticas públicas con perspectiva de género.
Doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato en la vertiente de administración de justicia con enfoque de género. Con experiencias académicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad Carlos Tercero de Madrid y en el Consejo Europeo de la Unión Europea. (Título en trámite)
Maestra de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA campus Colima (2011-2013).
Diplomada en Transparencia y Acceso a la Información por la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Nayarit (2009).
Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima; con un semestre en la Universidad de Manitoba en Canadá (año 2005) y otro en la Universidad Lasalle campus Ciudad de México (año 2006).
CERTIFICACIONES
Certificación en Competencia Laboral en el Estándar de Competencia para la Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER, con número de certificado 37927.
Certificación en Competencia Laboral en el Estándar de Competencia para Diseño de Cursos de Capacitación Presenciales, sus instrumentos de Evaluación y Material Didáctico NUGCH002.01, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER.
EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA PROFESIONAL
Desde 2020. Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, electa por el periodo de 2020-2024. Espacio a partir del cual ha participado como Secretaria de la Comisión de Género de la Red de Nacional de CPC´s. Espacio desde el que se procura la participación paritaria en la integración de los Sistemas Anticorrupción nacional y locales, en la búsqueda por la incorporación de la 3 de 3 contra la violencia como requisito de asignación para integrantes del Sistema Anticorrupción nacional y locales, y en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas estatales anticorrupción.
En 2019. Asesora externa para la implementación del Modelo Nacional de Justicia Cívica en el marco de cumplimiento del Convenio FORTASEG 2019 y 2020 en diversos municipios del país.
De 2018 a 2019. Asesora jurídica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Espacio en el que participé activamente en la Secretaría Técnica del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la institución, en la elaboración del Plan de Trabajo de la Unidad de Género, así como en asesorar a la Unidad de Transparencia.
De 2013 a 2017. Participante en el proyecto Mujer Migrante a cargo de la Coordinación de la Sociedad y el Conocimiento CSIC dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ejecutada por el grupo de investigación Agorante dentro del Centro Universitario de Investigaciones Sociales CUIS de la Universidad de Colima.
Esta participación me permitió profundizar mi experiencia en temas migratorios desde la perspectiva de género y desarrollar habilidades de manejo de personal, trabajo semipresencial, así como procesamiento de información en plataformas digitales.
De 2011-2013. Atención Jurídica en la Coordinación de Refugios Temporales del Instituto Colimense de las Mujeres de Gobierno del Estado de Colima. Entre los logros obtenidos en el área que me desempeño, desde el año 2011 el Instituto Colimense de las Mujeres, logramos posicionar a Colima como una entidad vanguardista a nivel nacional en el trámite y seguimiento de Órdenes de Protección en el área de Refugios Temporales. Así mismo, fuimos pioneras en la promoción de juicios de amparo con fundamento en tratados internacionales de derechos humanos en el Estado de Colima a través del Juzgado Segundo de Distrito en el año 2011.
ACTIVIDADES ALTERNAS.
Desde 2016. Profesora por asignatura en la Universidad de Colima con las asignaturas de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Equidad de Género en la Facultad de Derecho. Designada como asesora de diversos trabajos de tesis, así como sinodal propietaria de la comisión revisora de trabajos de tesis de licenciatura y maestría.
Como parte de las actividades académicas, desde mayo del 2021 colaboro de manera honorífica como co-conductora del programa radiofónico Derecho a la Radio de la Universidad de Colima a través de la Facultad de Derecho, que se transmite cada semana a través de la frecuencia modulada 94.9 Universo y en el canal de youtube de la facultad de derecho de la Universidad de Colima.
Egresado de la carrera de contaduría de la FCA en la UNAM, cuenta con Maestría en Finanzas y Maestría en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac, Maestrante en Administración Pública por el INAP, actualmente cursando la Maestría en Transparencia y Protección de datos Personales en la UDG.
Tiene diplomados en Presupuesto basado en resultados por la UNAM, Diseño de políticas públicas por el CIDE, Análisis y Evaluación de Políticas públicas por la SHCP, Contribuciones Fiscales por la UNAM, Habilidades Directivas Avanzadas por la Anáhuac e Ingeniería Petrolera para no petroleros por la UNID.
Fue consultor PricewaterHouseCoopers en el área de impuestos y planeación fiscal, es especialista en análisis de precios de transferencia. Auditor interno en Grupo Integer y Contralor de la Universidad Anáhuac de Cancún, ha sido funcionario público en los sectores de Salud, Cultura y Educación en las áreas de promoción y difusión cultural, planeación estratégica, finanzas y administración pública y servicios educativos.
Catedrático en el área de negocios y humanidades en la Universidad Anáhuac, IEU, UNID, UTChetumal y UNAD. Actualmente Vicepresidente en CANACO Chetumal. Integrante de COPARMEX Ciudad del Carmen y expresidente del Comisión Anticorrupción y Educación. Es asociado del Instituto de Administración Pública del estado de Quintana Roo. Fundador de Causa y Efecto Consultoría, empresa que da consultoría, capacitación en el área de desarrollo humano y asesoría empresarial, es especialista en planes de negocio. Fue rector de UNID campus ciudad del Carmen.
Actualmente es presidente de la Comisión de Gobierno Abierto y secretario de la Comisión de Educación, de la Red de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, colabora con el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Integrante del Observatorio Nacional de la Guardia Nacional y fundador del Observatorio Ciudadano en Chetumal.
Abogada egresada de la Universidad Iberoamericana León. Maestra en Derecho Corporativo, por la Universidad Latinoamericana. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, por la Universidad Iberoamericana León, con un Máster en Políticas Anticorrupción Iberoamericanas por la Universidad de Salamanca, España.
Cuenta con un Diplomado en Derecho Corporativo, un diplomado en Anticorrupción impartido por el Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, así como un curso de Gobierno Abierto Municipal impartido por la Organización de Estados Americanos.
Catedrática en la Universidad Iberoamericana León desde el año 2003, integrante del Consejo Técnico de la Licenciatura en Derecho y del Consejo Técnico de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.
Ha sido asesora de empresas, así como de asociaciones de colonos y organizaciones de la sociedad civil.
Recibió el reconocimiento de “Destacada abogada en el área de Derecho Mercantil” por el Colegio de abogados de León en 2018.
Integrante desde julio de 2019 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Dentro de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana forma parte de las comisiones de Integración de Municipios y Alcaldía y comisión de Gobierno Abierto con el cargo de secretaria.
Es miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto México, así como de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Guanajuato en donde coordina la comisión de equidad e igualdad de Género.
Colaboró en el libro colectivo “Derechos Humanos, Parlamento y Control del Poder en México, una perspectiva local” mediante el capítulo “Gobierno Abierto, una alternativa contra la corrupción”
Licenciada en Derecho con Maestría en Ciencias Jurídicas con Acentuación en Derecho Laboral Internacional, diplomado en justicia administrativa y fiscal, actualmente culminando estudios de maestría en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C.
Se desempeñó como abogada para diversas empresas en los despachos Asesoría Legal para la Industria, S.A. de C.V., y posteriormente en Despacho Saltillo, S.C., conocido como Cavazos Flores Región Norte, litigando en varios Estados de la República Mexicana, para después servir en defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Trabajó en la Administración Pública del Estado de Coahuila en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y como Directora de Normatividad en la Secretaría del Trabajo de la misma Entidad.
Posteriormente, se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila de Zaragoza.
Ha sido titular de diversas materias como Derecho Individual y Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad La Salle, docente adjunto en la especialidad de Derecho Laboral en la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, así como en la materia de Derecho Colectivo en la Facultad de Jurisprudencia de la U. A. de C. También, impartió clases en la Ciudad de México en el en Instituto de Capacitación Monte Tabor Integridad para Ministerios. En ese tenor, diseñó y es titular de la asignatura Cultura Anticorrupción, en la Universidad Carolina, S.C. y que también se ha impartido en la Universidad Autónoma del Noreste en modalidad de servicio social.
Ha escrito artículos como: “La corrupción y la confianza institucional” publicado en Metrópolis Coahuila, Observatorio, entre otros.
Actualmente, se desempeña como Consejera de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza; secretaria de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de CPC, integrante de la Coordinación Técnica de la Red Nacional e Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y Vicecoordinadora del Comité Técnico y de Estudio en temas de Integridad y Anticorrupción de la World Compliance Association.
Colabora en medios de comunicación, tales como televisión y radio; ahora, en RCG Media (televisión, radio, redes sociales) en el espacio “Conoce tus derechos”.
Maestra Elide Salvatierra Ramírez, sudcaliforniana, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como Licenciada en Derecho, cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal, por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC).
Su experiencia profesional comenzó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el año de 1997, posteriormente laboró en la Administración Pública Federal, desempeñándose como Jefa del Departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Baja California Sur, así como en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la Delegación Estatal de Baja California Sur, donde desempeño el puesto de Jefa del Departamento de Archivos, etapa en la que tuvo un vínculo directo con el Archivo General de la Nación (AGN) así como con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Laboró en la iniciativa privada por 5 años, en empresas de Transporte Marítimo, donde realizó apoyo directo al corporativo, así como desahogo de asuntos jurídicos sobre el personal de las empresas.
Laboró en la Administración Pública Estatal, del año 2005 al 2019, en el Instituto de Vivienda de Baja California Sur, como Coordinadora de Asuntos Jurídicos, de Transparencia, Archivo y Control Interno, el tener la responsabilidad de esta área le permitió iniciar en su momento con el estudio de las nuevas disposiciones en materia de transparencia, control interno y archivos, temas fundamentales para el Sistema Anticorrupción. Cuenta con amplia experiencia en la elaboración y revisión de Proyectos de Iniciativas de Ley en materia de Vivienda y temas relacionados.
También como responsable de la Coordinación Jurídica del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, cuenta con experiencia en procesos y sustanciación de asuntos de responsabilidades administrativas y denuncias penales.
En el ámbito privado, desde el año 2018 a la fecha, es socio de la Empresa Soto & Salvatierra Constructora, S.A. de C.V.
Licenciada en Ciencias Sociales egresada de la Escuela Normal Superior de Nayarit, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, Maestría en Administración y Gestión Electoral por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y Doctorante en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas en Nayarit.
Docente en Educación Básica de los Servicios de Educación Pública en Nayarit 1999 a la fecha, Visitadora en la Dirección Estatal del Notariado del Gobierno del Estado de Nayarit 2002-2004, Jefa de la Unidad Jurídica del Rastro Municipal del H. XXXVI Ayuntamiento de Tepic 2004-2005, Encarada de la elaboración y publicación de la Gaceta Municipal del H. XXXVII Ayuntamiento de Tepic, Coordinadora de la Difusión de los Programas Sociales en el H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Asesora de la Unidad de Transparencia en el H. XXXIX Ayuntamiento de Tepic, Abogada en la Consejería Jurídica del H. XL Ayuntamiento de Tepic, Coordinadora del Programa del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Comisión Municipal de Derechos Humanos del H. XLI Ayuntamiento de Tepic, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit 2018 a la fecha y Presidenta de la Comisión de Integración de los Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de CPC´s.
Elizabeth Olivares Guevara
I• Actualmente se desempeña como Integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en el Estado de
Tlaxcala.
• Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho por el Centro de
Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP) de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
• Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la misma
institución, grado obtenido con mención honorífica.
• Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Docente Certificado ante SETEC, en temas del “Nuevo Sistema
Procesal Penal” y en temas de “Reinserción Social”, ambas
certificaciones obtenidas por examen.
• Se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala en
diferentes adscripciones.
• Ha participado como Docente On-line en el Instituto de Estudios
Universitarios Puebla en licenciatura y en posgrado (maestría).
• Docente en el Instituto de Estudios Superiores Plantel Teziutlán,
Puebla, en la Maestría en Derecho Procesal Penal en el enfoque
Acusatorio Adversarial,
• Docente en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Ha impartido cursos y diplomados a personal penitenciario.
• Ha participado en algunas publicaciones como en la Revista
Semestral del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema Penal (SETEC), Secretaría de Gobernación Federal y Revista
TATBESTAND de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Estudios de Licenciatura en Administración de Empresas y Maestría en Comunicación Corporativa en la Universidad del Valle de Atemajac. Actualmente está cursando la Maestría en Gestión Pública Aplicada en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y un Diplomado en Prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo por la Universidad de Colima.
Durante 4 años fungió 4 años como Director de la ONG ¿Cómo Vamos? Colima, donde desarrolló indicadores de seguimiento en temas de austeridad, eficiencia en el gasto, seguridad, educación, desarrollo económico, salud y participación ciudadana para el gobierno estatal y municipales. Coordinó la creación de la Plataforma de Alertas de Desvíos de recursos públicos, que analiza el comportamiento de los informes mensuales y trimestrales de la cuentas públicas para detectar irregularidades. Fundó, junto con otras 9 organizaciones, la Red Nacional Anticorrupción. Ha trabajado proyectos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Instituto Republicano Internacional, la Embajada de los Estados Unidos.
Actualmente se desempeña como integrante del Comité de Participación Ciudadana en Colima, en el cual trabaja en distintos proyectos tales como seguimiento y evaluación de los sistemas locales anticorrupción, implementación de modelos para la gestión de riesgos de corrupción en las dependencias públicas y programas sociales, un estudio del impacto de la corrupción en los derechos humanos, implementación de programas de integridad corporativa y fortalecimiento de la vinculación con sociedad civil.
Preside la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción para el periodo 2021 - 2022 y es miembro fundador del Comité Técnico y de Estudios Anticorrupción e Integridad de la World Compliance Association.
Las comisiones de trabajo de la Red se rigen por lo establecido en los Lineamientos de la Red Nacional de CPC, como sigue:
SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
II. Comisiones de trabajo de la Red: Son grupos de TRABAJO interdisciplinario constituidos por integrantes de la Red, con base en los principales retos y problemáticas del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular de los Comités de Participación Ciudadana, por lo que se constituyen para apoyar las responsabilidades de éstos, sin pretender reemplazarlos ni representarles.
De las Comisiones de Trabajo al interior de la Red
DÉCIMO SÉPTIMO. A la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, se integrarán Comisiones de TRABAJO con el propósito de allegarle insumos de
calidad para las responsabilidades y tareas afines a la implementación, evaluación y desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción. Cada Comisión contará con una
Presidencia y una Secretaría para la conducción de sus trabajos, electas por sus integrantes conforme al procedimiento estipulado en estos lineamientos.
DÉCIMO OCTAVO. El propósito de las Comisiones se encuentra claramente definido en el lineamiento décimo sexto, por lo que ninguna Comisión podrá
pretender ostentar la representación de la Red y por lo tanto no puede emitir opiniones, realizar gestiones a su nombre, ni usar el logo de la Red sin la debida
autorización de la misma. Párrafo modificado 28 de octubre de 2020
DÉCIMO NOVENO. Para fortalecer la pluralidad y compromiso de dedicación a la Comisión y sus respectivos CPCs, la participación de los integrantes de la Red se
limitará a un máximo de dos Comisiones. Asimismo, ningún Presidente de CPC podrá presidir simultáneamente Comisión alguna, ni podrá haber integrantes de la
Red que ostenten dos presidencias de Comisión a la vez.
VIGÉSIMO. Las comisiones de trabajo al interior de la Red son grupos temáticos deliberativos, no otorgan personalidad jurídica, ni implican el ejercicio de cargos ni
el beneficio de contraprestaciones. A través de ellas se desarrollan propuestas de soluciones a diversas problemáticas colectivas, con el fin de impulsar el
fortalecimiento de los Comités que conforman la Red y la consolidación de los objetivos de la Política Nacional Anticorrupción.
VIGÉSIMO PRIMERO. Las Comisiones Ordinarias que componen la Red son las siguientes:
1. Comunicación
2. Educación
3. Gobierno Abierto
4. Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo
5. Integración de los Municipios
6. Jurídica
Párrafo modificado 28 de octubre de 2020
7. Política Nacional Anticorrupción
8. Vinculación con Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos
9. Género
Creación y Baja de Comisiones
VIGÉSIMO SEGUNDO. La Junta de Presidentes podrá crear nuevas Comisiones a propuesta de cuatro integrantes de por lo menos igual número de CPCs, de
conformidad con el siguiente procedimiento:
I. Los interesados deberán remitir su solicitud a la Coordinación Técnica de la Red, para su análisis y deliberación por parte de la Junta de Presidentes.
II. Esta petición incluirá la firma y nombre de todos los interesados, indicando el CPC de adscripción, acompañada de una justificación que indique la forma en que dicha Comisión contribuiría a los propósitos de la Red. En el citado documento también deberán mencionarse por lo menos la misión y cinco objetivos asequibles dentro del primer año de vida de la Comisión.
III. Tras revisar el cumplimiento de los requisitos, la Coordinación Técnica de la Red hará una consulta electrónica a la Junta de Presidentes, adjuntando para tal propósito los documentos entregados por los peticionarios. Los integrantes del cuerpo decisorio aludido contarán con quince días para emitir su voto. Esta consulta se hará dentro de los siguientes quince días posteriores a su recepción.
IV. Para que una solicitud en este sentido prospere, deberá contar con participación de por lo menos la mitad de los votantes posibles y que por lo menos dos tercios de ellos resuelvan a favor. Al haber prosperado la solicitud, la Coordinación Técnica notificará a los peticionarios para que dentro de los siguientes quince días naturales formulen una formal al resto de los integrantes de la Red a sumarse a sus trabajos, para que los integrantes que no pertenezcan a más de dos Comisiones puedan integrarse si así lo desean.
V. Tras haber pasado los quince días naturales establecidos en la fracción anterior y contar con el número de integrantes definitivo de la Comisión en cuestión, procederán a la elección del Presidente y Secretario de la misma, en un plazo máximo de quince días naturales. La coordinación de dicha elección no podrá recaer en las plantillas de postulados a ocupar dichos cargos, por lo que de ser necesario se pedirá el apoyo de la Coordinación Técnica para la organización del proceso respectivo.
VIGÉSIMO TERCERO. La elección de Presidentes y Secretarios de Comisión se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:
I. El proceso se desahogará dentro del mes previo al final de la gestión del Presidente saliente.
II. El Secretario saliente de la Comisión estará a cargo de la organización del proceso sucesorio a menos que pretenda postularse para Presidente, en
cuyo caso se pedirá el apoyo de la Coordinación Técnica para conducir dicho proceso.
III. Los interesados concurrirán en fórmula de Presidente y Secretario.
IV. Para que una fórmula resulte electa deberá contar con la mitad de los votos del total de los integrantes de la Comisión. Este precepto opera incluso para
el caso de una fórmula única.
V. Terminado el proceso de elección, el nuevo Presidente de la Comisión convocará a sus integrantes al diseño del plan de trabajo de la misma, entregándolo dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a la Coordinación Técnica de la Red para su publicación.
VIGÉSIMO CUARTO. Los encargos de Presidente y Secretario de Comisión durarán un año con opción a una sola reelección por igual tiempo, sujeta a la ratificación de no menos de las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión.
VIGÉSIMO QUINTO. El Secretario de Comisión cubrirá las ausencias temporales menores a dos meses del Presidente, mediando comunicación en tal sentido a los
integrantes y a la Coordinación Técnica de la Red. El Secretario pedirá el apoyo de un voluntario para suplir su encargo por igual periodo. Ausencias superiores al
periodo indicado se considerarán definitivas, convocando a proceso de elecciones al interior de la Comisión respectiva y notificando de tal evento a la Coordinación
Técnica de la Red. El integrante electo concluirá el periodo de la Presidencia vacante sin que esta suplencia cuente en su contra para el caso de límites en
elección o posible ratificación.
VIGÉSIMO SEXTO. Para Presidir una Comisión los aspirantes deberán acreditar
A. Haber trabajado por lo menos un año al interior de la misma, exceptuando en el caso de las Comisiones de nueva creación.
B. El respaldo de por lo menos otros dos integrantes de la Comisión.
C. Que no presidan ninguna otra Comisión de la Red.
D. Que no presidan su respectivo CPC y que están a más de un año de ejercer esa función. Estos requisitos serán verificados por el Secretario de la Comisión que notificará a la Coordinación Técnica de la Red respecto de las intenciones de los aspirantes y del resultado del proceso. El proceso sucesorio o ratificación en las
Comisiones se desahogará dentro de los 30 días previos al término del encargo del Presidente en turno.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. La intención de pertenecer a una Comisión deberá manifestarse por escrito ante su respectivo Secretario, mediante una carta de intención, adjuntando copia del nombramiento que lo acredita como integrante vigente de su respectivo CPC y marcando copia a la Coordinación Técnica de la Red.
Los nuevos integrantes contarán con el derecho a ser involucrados en el trabajo de las respectivas Comisiones, así como votar en todas sus deliberaciones con
excepción de la renovación de la Presidencia, prerrogativa exclusiva de los integrantes que llevan por lo menos cuatro meses al interior de la citada Comisión
(exceptuándose en el caso de las Comisiones recién creadas). De igual forma, la intención de dejar de formar parte de una Comisión se hará por escrito al Secretario
de la misma y surtirá efectos a los treinta días naturales posteriores a su presentación. Cualquiera de estos trámites se conducirá por la vía electrónica
VIGÉSIMO OCTAVO. Es responsabilidad de cada Presidente de Comisión:
I. Conducir los trabajos de la Comisión orientados hacia los propósitos de la Red Nacional y los objetivos acordados por sus integrantes.
II. Presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de trabajo de la Comisión.
III. Velar en todo momento por la inclusión de los integrantes en sus trabajos, bajo un ambiente de propuesta y respeto.
IV. Contribuir a la generación de conocimiento institucional mediante los aportes producidos por la Comisión bajo su encargo.
V. Coordinar la redacción del plan de trabajo de la Comisión y el informe de gestión de ésta.
VI. Rendir su informe de gestión ante los integrantes de la Comisión y posteriormente ante la Junta de Presidentes de la Red, generando una
versión ejecutiva para el Encuentro de la Red.
VIGÉSIMO NOVENO. Es responsabilidad de cada Secretario de Comisión:
I. Convocar a sesiones de la Comisión respectiva, así como a reuniones de trabajo por indicaciones del Presiente.
II. Compilar y organizar los asuntos del orden del día en las sesiones.
III. Conducir las sesiones de la Comisión y levantar las respectivas minutas.
IV. Someter a votación las minutas de sesiones pasadas y recabar las firmas de los integrantes, preferentemente por vía electrónica.
V. Llevar el registro de las actividades de la Comisión y comunicarlo periódicamente a la Coordinación Técnica para su respectiva difusión.
VI. Suplir las ausencias temporales del Presidente.
VII. Conducir los procesos electorales de la Comisión, excusándose cuando participe en alguna plantilla, en cuyo caso solicitará el apoyo de la
Coordinación Técnica de la Red.
TRIGÉSIMO. Los integrantes de las Comisiones serán responsables de sumarse a sus respectivos trabajos y contribuir al logro de sus objetivos, de manera
constructiva.
De los planes de trabajo de las Comisiones
TRIGÉSIMO PRIMERO. Las Comisiones presentarán sus planes de trabajo al mes de la elección de sus presidentes. Los objetivos de dichos planes deberán estar
expresamente alineados con atribuciones específicas conferidas a los CPCs y a la Política Nacional Anticorrupción, vinculados a un sistema de actividades, metas e
indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. A efecto de estimular una cultura de rendición de cuentas al interior de las Comisiones se establecerá por lo
menos un responsable por cada actividad y se determinará la evidencia válida que acredite el cumplimiento de su encomienda y se hará pública en los medios
disponibles de la Red. Asimismo, la Comisión en general será responsable por la debida ejecución del plan de trabajo presentado, mediante un sistema de indicadores claros y pertinentes. Los planes de trabajo serán cotejados entre Comisiones para evitar duplicidad de esfuerzos.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Las Comisiones sesionarán ordinariamente por lo menos cuatro veces al año, de manera virtual, presencial o mixta, levantando minuta
de sus trabajos y acuerdos y derivándola al Secretariado Técnico, para conocimiento y publicación. La realización de estas sesiones formales no sustituye
las reuniones de trabajo que los integrantes decidan sostener para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
TRIGÉSIMO TERCERO. Las Comisiones de Trabajo podrán causar baja, al quedar desiertas de integrantes o cuando sus integrantes justifiquen ante la Junta
de Presidentes el logro de los objetivos para los cuales fue creada.
TRIGÉSIMO CUARTO. Las propuestas técnicas desarrolladas por las Comisiones se harán del conocimiento de los integrantes de la Red para que puedan expresarse
con respecto de las mismas, por las vías que permitan la mayor participación y mejor deliberación posibles en igualdad de condiciones. Se considerará viable para la Red aquella propuesta que cuente con la aprobación de por lo menos la mitad de la Junta de Presidentes de la misma, o la mitad de los integrantes de toda la Red misma. De no lograrse este consenso, podrá ser sometida de nuevo a petición de la Comisión respectiva habiendo transcurrido por lo menos seis meses.
TRIGÉSIMO QUINTO. Las Comisiones estarán abiertas a discutir en su seno asuntos que por su perfil hayan sido canalizados por la Junta de Presidentes, por el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o por lo menos por cinco CPCs de diferentes entidades, en cuyo caso:
I. La Comisión correspondiente sesionará en un plazo de diez días naturales a partir de la notificación de la solicitud en cuestión, con el objetivo de realizar un intercambio de ideas que permita detallar las propuestas, estrategias y posicionamientos de la Red con consideraciones y aportaciones puntuales.
II. Una vez elaborada la propuesta, se dará a conocer a los miembros de la Red a través de la Plataforma de la Red, a fin de que, de ser el caso, pueda presentarse a la Junta de Presidentes en su próxima reunión ordinaria. La Junta aprueba y determina las acciones a seguir por consenso y en acuerdo con la Comisión correspondiente.